Adelanto a los lectores que si buscan una interpretación legal profunda en la presente entrada, sin dudas no la encontrarán aquí, quizás, en ninguna entrada de este blog. En esta ocasión directamente vengo a proponer la incorporación a la agenda socio-política de un tema pocas veces explorado, al menos de forma sistemática, pero que ofrece aristas interesantes. Es la correlación entre la formulación de planes de estudio que posean en su estructura la enseñanza del derecho y la mejor formación de estudiantes en los albores de la ciudadanía.
En los últimos días hemos visto la aparición de personas opinando sobre derecho, para ser más específico derecho penal, sobre todo en la programación televisiva. Opinar es una vertiente de la todopoderosa libertad de expresión, cualquier individuo puede manifestar sus creencias sobre un tema determinado, sin perjuicio del medio que utilice para hacerlo y, en un estado de derecho, no debería ser censurado por ello. Para ser más preciso, entre las personas me refiero a la fugaz aparición de Ivo Cutzarida. Su discurso no es penal, no es un jurista ni pretende serlo pero en las entrañas de su pensamiento se puede observar un denominador común con la mayoría de la gente que no estudia o ha estudiado leyes. Estoy hablando de la ignorancia y no crean que es un insulto, todos somos ignorantes en algún aspecto, es imposible saberlo todo, pero en quienes no decidieron o pudieron estudiar derecho es habitual ver opiniones erradas sobre muchos aspectos jurídicos. El común de la gente no contempla como principio ineludible de la pena, su proporcionalidad con el délito cometido. Las personas que han sido víctimas de robos o délitos violentos creen que dispararle, e incluso matar, a la persona es un acto justo, como si fuese un mandato de Dios que, mediante un calibre 22, desea que se castigue a quien violó uno de sus mandamientos. Cuando alguien hace justicia por mano propia se vislumbra en todo su ser, esa diferencia irreconciliable entre el poder estatal y la sociedad. Posiblemente muchos de los sujetos que han matado delincuentes en ocasión de ser sujetos pasivos de délitos utilizan como argumentación el hecho que el delincuente "entra y sale" o que "la justicia nunca hace nada". No es el objeto de la entrada discutir la verdad o falsedad de tales afirmaciones pero, incluso si fueran ciertas, la legítima defensa es un instituto del Derecho Penal que requiere extremos muy particulares y que en la mayoría de los casos no se cumplen.
La ignorancia de una sociedad, en el promedio de sus integrantes, lleva a que un sujeto que hurtó unas zapatillas o, en el peor de los casos, robó una cartera, sufra un castigo desproporcionado, incluso para el peor de los homicidas. Recordarán la moda medíatica de los linchamientos, donde lo último de lo último era repetir seis o siete episodios, de por si alarmantes, de linchamientos por día a fines de instalar una tendencia social, con alcance nacional, en lugar de reconocer el carácter aislado de los ataques. David Moreyra, un joven de 18 años, presuntamente robó una cartera en un barrio periférico de Rosario, estando acompañado por un complice. Los vecinos lograron atraparlo y darle una paliza, el joven falleció por los graves traumatismos de cráneo sufridos, incluso con pérdida de masa encefálica. Como este ejemplo también hay supuestos de personas que asistían a un evento social, volvían en su auto y, al intentar ingresarlo en su garaje eran acometidos por delincuentes que, sin mediar palabra alguna, ejecutaban a la víctima sin siquiera permitirle decir sus últimas palabras. Lo que pretendo demostrar con ejemplos tan ambiguos es que desconocer el poder punitivo del estado, o pretender hacerlo, puede llevar a que aquellas situaciones donde la legítima defensa operaría por darse cumplimiento a sus exigencias se extiendan a supuestos ridículos donde primaría la arbitrariedad y un grupo de salvajes pretenderían aplastar el craneo de un joven que se apoderó de una cartera, se perdería la brújula, no habría graduación de délitos y la gravedad de estos perdería razón de ser. Para la sociedad, al legitimar aquel discurso de "selva jurídica" daría lo mismo hoy linchar al homicida del segundo ejemplo, a algún otro David Moreyra mañana y luego a aquel vecino que no respeta el horario para sacar la basura. Y ojo con tener perros que ladren por las noches, una disputa vecinal daría lugar a la intervención de los caciques vecinales que podrían decidir lapidar públicamente al dueño de los animales luego de, obviamente, ejecutar a los canes. Para hilar el título de la entrada con su contenido, cabe aclarar que la legitimación del "todo vale" opera por la ignorancia en aspectos básicos de la convivencia y el estado de derecho que nos rodea.
Por estas razones creo que tornar obligatoria la enseñanza básica de derecho en los colegios secundarios es fundamental. Las sociedades ignorantes son un riesgo para todos, no hay que creer que al estar lejos de los nucleos sociales conflictivos se está a salvo pues una disputa de tránsito, un altercado con un vecino o con un comerciante por cualquier asunto pueden ser disparadores de verdaderas tragedias. No pretendo con esto parecer amarillista, muchos conflictos comienzan en lugares difíciles de considerar como inseguros y en una sociedad colérica, estar a salvo es una situación más que un estado permanente.
Los jovenes que se encuentran en el último año del colegio secundario deberían ser instruídos en nociones básicas de Derecho Constitucional, Derecho penal, Laboral, Derecho de los Consumidores, del Medio Ambiente y, si es posible, ser empapados con cuestiones relativas a la solución alternativa de conflictos. La forma de instrumentar la orientación podría variar, desde una materia que reemplace a la imprecisa "Formación ética y ciudadana" o "Educación Cívica" hasta, para mi lo ideal, un curso extracurricular intensivo de 4 o 5 meses de duración, con asistencia obligatoria y con examen final, donde se aborden todas estas cuestiones con la importancia y entidad que merecen, fuera del horario escolar, sin distracciones de otras materias.
Las alusiones variadas de casos particulares que he realizado pueden parecer inconexas con la propuesta de instaurar enseñanza básica de Derecho en las secundarias. De todos modos, para mi tal disociación es aparente. Si la gente conociera los alcances de su poder de responder ante la acción ilícita de otra persona, seguramente David Moreyra hubiese sido reducido por los vecinos y entregado a la policía, en lugar de ser asesinado de modo artero. Si la sociedad supiera cuales son las garantías que se instauraron en su favor, no pedirían castigos imposibles para un miembro suyo, quizás algo dañino, pero miembro al fin. Si se conociera algo de Derecho Laboral, se reducirían los trabajos en negro o las explotaciones, si los ciudadanos supieran qué son y cómo funcionan las soluciones alternativas de conflictos, no creerían que los problemas "se matan o se litigan". En pocas palabras, el concientizar a los futuros ciudadanos sobre sus derechos y, sobre todo, sus obligaciones, formaría mejores individuos para la convivencia, sujetos con algo más de cultura que no se dejen llevar por cualquier personaje público devenido en crítico social que pretenda terminar toda disputa a los tiros o instaurar el Martín Fierro, escrito hace cerca de 140 años, como método de enseñanza social y ciudadana. Un ciudadano ignorante se transforma en una pluma en la brisa (perdon por la metáfora cinematográfica) siendo susceptible de ser conducido por cualquier ráfaga que quiera torcer su destino, influenciarlo, manejarlo y, finalmente, determinarlo a obrar en el sentido que mejor le convenga. Estas ráfagas pueden ser políticas, en la mayoría de los casos o mediáticas en muchos otros. Un ignorante suelto es poco peligroso, pero cuando, ante un evento determinado, se junta con otros sujetos ignorantes, se forma una horda que no respeta los derechos de terceras personas, incluso ni los propios y mucho menos a las instituciones que rigen su vida. El estado de derecho pende de un hilo que la ignorancia pretende cortar.
Es una propuesta que puede transformarse en prueba piloto, está claro que enseñarle a una persona cuales son sus derechos básicos y sus obligaciones puede ser útil, pero nada podrá hacerse si proviene de un nucleo familiar donde imperó la violencia, la ley del más fuerte o el desamparo. Esas son cuestiones de neta política ajenas a toda cuestión de análisis que, pretenda ser jurídico. El conocimiento, por más superficial que sea, desvanece la colectividad del odio pues cada persona podrá retraerse y descansar en su poder de reflexión. De todos modos, en el fondo de mi ser, considero que la ignorancia no es una cuestión de inoperancia política, todo lo contrario, tener un pueblo ignorante, susceptible de ser influenciado de variadas formas, en diversos temas, es útil al poder de turno. Cuando una persona sabe cuales son sus derechos sabrá de que manera ejercerlos, a quien recurrir, en pocas palabras, tendrá los recursos materiales al alcance de su mano para respetarse a sí mismo y a su comunidad.
¿Qué es un David Moreyra para un sistema que funciona de esta manera?, quizás nada, como mucho, una pluma menos en la brisa.
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