Para entender la situación de España hay que comprender su organización territorial y la complejidad histórica de su formación. España se encuentra dividida en Comunidades Autónomas, una especie de equivalente a Provincias de nuestro país, que gozan de autonomía en virtud de sus "Estatutos de Autonomía" que fueron dictados luego de la Constitución de 1978 y también son un equivalente a nuestras constituciones provinciales. Cada Comunidad Autónoma está dividida en Provincias que serían nuestros Municipios o Departamentos, así, por ejemplo, en Andalucía son provincias: Córdoba,Jaén, Málaga, Sevilla, Almería, huelva y Granada, cada Provincia está dividida en Municipios, como si la Provincia de Buenos Aires estuviese fraccionada en tres Provincias -o Partidos- y cada uno integrado por varios Municipios.
La unidad territorial básica es el municipio al que la constitución de España le garantiza autonomía en su Artículo 140, el 148 dispone las facultades que tiene cada Comunidad Autónoma y el 149 regula las facultades exclusivas del estado -no habla de estado general pero se infiere-. La mayor excepción a un régimen que bien podríamos asimilar al Argentino está en el "Derecho o Régimen Foral" que según el Artículo 149 Inc. 8 "In Fine", permite que una Comunidad Autónoma que lo posea pueda establecer las fuentes del derecho y su orden. Así, el Artículo 2 del Código Civil Navarro establece que la costumbre es la principal fuente del derecho, incluso sobre la ley a punto tal que el artículo siguiente alude a que la costumbre que no sea contraria a la moral o al orden público, incluso si es "Contra Legem", impera sobre el derecho escrito. El Código Civil Español en su artículo 1 dispone expresamente lo contrario, siendo la ley la principal fuente de derecho y estableciendo en el Inc. 3 que la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable.
El caso más claro de régimen foral está en Navarra. Sucede que España dejó de ser una monarquía absoluta previo a 1840 y, quizás en vistas al fortalecimiento del naciente modelo de país, se hizo necesario incorporar al Reino de Navarra. Entonces cabía preguntarse, por qué un Reino independiente habría de ceder gran parte de su soberanía para adherirse a un estado en nacimiento, pues la respuesta a esto se encuentra en la "Ley Paccionada de 1841". Se trata, en puridad, en ceder la soberanía a cambio de obtener el respeto a ciertas particularidades concretas, en especial, el régimen económico de la flamante Comunidad Autónoma Navarra -o Provincia, en ese entonces-. No por nada el Artículo 6 de la Ley Paccionada reza de forma textual: "Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, con arreglo a su legislación especial." Tal ley fue perfeccionada en 1982 con el "Amejoramiento del régimen foral de Navarra".El Artículo 45 Inc. 3 de la ley de Amejoramiento dispone que "Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario...". Dicho de forma sencilla, Navarra tiene un régimen privilegiado sobre el resto de las Comunidades Autónomas basado en las condiciones de negociación con la corona para incorporarse al estado Español, es una suerte de Pacto de San José de Flores a la paella.
También en España, para sumar más situaciones complejas, existen las "Nacionalidades históricas" que, ensayando una definición, se trata de la situación en la que se encuentran determinadas unidades territoriales que por su unidad lingüística, cultural, histórica y hasta étnica, merecen un respeto especial del estado central. Por supuesto que el reconocimiento de tal situación preexistente no otorga ventajas financieras como las que tiene Navarra, pero de seguro ha de servir para que Cataluña movilice su voluntad independentista.
El presidente de la Comunidad Catalana, Sr. Puigdemont ha propuesto y llevado a cabo el referéndum tendiente a que se decida sobre la independencia de Cataluña. En comicios llevados a cabo contra órdenes judiciales, secuestros de urnas y poca claridad sobre la logística para llevarlo a cabo se impuso el Sí. Los cálculos hechos por la prensa Española refieren que la voluntad de independencia representa el % 38 de la totalidad de los sujetos con derecho a voto, sucede que, dada la acción del estado Español y envío de la Guardia Nacional, muchos integrantes del padrón no emitieron su voto. Discutir sobre la legitimidad de la decisión es harina de otro costal, el punto es que mucho de la voluntad de independencia ha de radicar en la situación igualitaria en la que se encuentra Cataluña en relación al resto de las Comunidades Autónomas, sabiéndose más poderosa que el resto. De seguro si no existiera una Ley Paccionada en Navarra los reclamos tendrían menor legitimidad pero ocurre que un pueblo movilizado por el nacionalismo extremo que ha de verse a sí mismo como superior, y quizás económicamente lo sea en cierta forma, es carne de cañón para que cualquier líder lo explote en su propio beneficio.
Entonces la relación que hay entre Cataluña y el régimen foral de Navarra es que éste sirve de argumento para que aquélla alce su voz con mayor legitimidad pues, si la Comunidad que aporta el % 20 del PBI Español no tiene beneficios de coparticipación y está en pie de igualdad a otras menos importantes, por qué mantener el "Status Quo", por qué no intentar un modelo de país donde las particularidades étnicas, lingüísticas, históricas y culturales reconocidas por la constitución se unan indisolublemente a la formación de une estado propio, que pueda gestionar y cobrar sus impuestos y no enviarle nada al estado central para ser distribuido entre las demás Comunidades.
Por supuesto que a la distancia y amén de tratarse de un pueblo que juró la constitución del estado del que quiere separarse, he de pensar que la idea independentista es negativa e inviable, no sólo jurídicamente sino, quizás siendo más importante, en el terreno de los hechos. No sé hasta qué punto podrá el aún no independiente estado de Cataluña negociar con el resto de Europa sin formar parte de la Comunidad Europea, no sé con qué ojos será vista por el resto de las Comunidades Autónomas con las que tenga lazos comerciales, no sé cuántos estados habrán de reconocerla, no sé cómo hará para hacerse cargo de la deuda multimillonaria que recae sobre sus arcas, máxime teniendo en cuenta que su peso económico es relevante en España pero no lo suficiente para hacerle sombra al poder económico del resto del país que equivale al % 80 del PBI. Trazando un paralelismo con la Provincia de Buenos Aires que casi representa la mitad de la economía Argentina, sin desearlo y rezando que nunca suceda, sería más viable una aventura como la comenzada en Cataluña. Muchas provincias deberán seguir negociando con Buenos Aires, su régimen de coparticipación es injusto y los aportes que puede obtener por sí misma le permitirían enfrentar con creces cualquier incordio financiero, pero eso no sucede en Cataluña.
No sé si he sido claro ni tampoco si yo tengo lo suficientemente claro el complejo régimen territorial y evolución histórica de España pero creo que Cataluña está siendo movilizada por espíritus chauvinistas que no representan a la totalidad de su población y si bien mucho de ese espíritu puede radicar en cuestiones económicas atendibles, no corresponde olvidar que sus particularidades como pueblo que tiene orgullo propio y autonomía histórica pueden llevar a España a extremos donde no conviene regresar y es ese punto, donde lo económico y frío se mezcla con el calor del sentimiento de superioridad y falta de pertenencia donde radican los mayores peligros para España y para el mundo.
