EL ABORTO Y SUS ARGUMENTACIONES

   No resulta extraño que pequeños grupos populares de poder, cosa que en sí misma en apariencia denota una contradicción palmaria, pretendan elevar sus reclamos a la categoría de derechos.
   La existencia de un derecho requiere, amén de mis clásicas referencias a situaciones sociales que regular, que tales situaciones sociales evidencien una necesidad de consagrar una prerrogativa que evite un perjuicio a quienes se les otorga. Un derecho es eficaz si tiene un ámbito de aplicación que evite la propagación de daños en la comunidad. Pero, desde ya, a tal extremo habrá que hacerle precisiones luego.

    Los pequeños grupos populares de poder no han de reclamar más que derechos aplicables a situaciones específicas. La regulación de la sucesión se aplica a cualquier causante, sin importar su credo, género, elección sexual o cualquier otro rasgo que pueda significar una diferenciación de su semejante, lo mismo sucede con los actos jurídicos o los contratos -con excepción de los supuestos de personas restringidas en su capacidad-, en cambio, una ley de matrimonio igualitario se destina a personas del mismo sexo que deseen que el estado reconozca su situación de hecho y lo mismo ocurre con una eventual consagración del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no se dirige a toda la comunidad sino a las mujeres y, analizándolo socialmente, a aquellas sin pruritos religiosos o culturales que modifiquen su espectro esperable de conducta.

   Los derechos de aplicación restringida suelen ser importantes porque legitiman a sus titulares a adquirir, mediante su ejercicio,  determinados derechos de carácter general que antes les estaban vedados. Suele ser difícil sostener una argumentación jurídica en favor del matrimonio igualitario por el mero hecho de tener un certificado expedido por el correspondiente Registro Civil que acredite la unión nupcial, aunque casarse, en sí mismo, sea un derecho de carácter general, en cambio es sencillo justificarlo si se piensa en la vocación sucesoria del cónyuge o el derecho a adquirir la pensión del causante. Detrás de ese derecho había una necesidad que de no satisfacerse hubiera causado a miles de personas un grave daño a su patrimonio, daño basado en no poder suceder a la persona con quien se eligió formar un proyecto de vida en común.  ¿Por qué un homosexual debería ver que el patrimonio de la persona con quien compartió gran parte de su vida fuera a parar al estado por no tener vocación sobre la herencia del "De Cujus"?. En la sociedad siempre hay daños, ganadores y perdedores, pero el derecho ahí debe estar para distribuir tales daños de forma lo más equitativa posible y disminuir la brecha entre los favorecidos y desfavorecidos.

En cambio, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y como un simple abogado con bríos literarios más o menos decentes me pregunto, ¿cuál es el derecho de carácter general cuyo impedimento de ejercicio ha de causar una situación dañosa que el estado no puede tolerar?. Con simpleza podría contestarse tal pregunta, la libertad de disponer del propio cuerpo como derecho de carácter general ha de legitimar al aborto, es un derecho esencial que toda persona conoce sin necesidad de abrir, siquiera una vez en su vida, la Constitución Nacional. Sin embargo la cuestión no es tan simple ateniéndose a la citada argumentación. Cuando se trata de interrumpir un embarazo se está eliminando a un ser en formación, hay vida a la que, muchas veces, se la trata como un mero conjunto de células sin más sentido que coartar el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo pero que, de seguir el proceso evolutivo que nos ha traído hasta aquí, terminaría en el alumbramiento de un ser humano. ¿Con qué argumento puede sostenerse que la necesidad de disponer del propio cuerpo para evitar un daño en la libertad de la mujer es superior a la necesidad de proteger la vida que ésta alberga en su vientre y que el daño causado al embrión es de menor envergadura que el causado a la mujer y, en consecuencia, debe ser legitimado?. Siendo lo más imparcial posible, me es difícil justificar la interrupción voluntaria del embarazo partiendo de una necesidad que debe ser satisfecha para evitar consecuencias disvaliosas.

Puede ser distinta la cuestión si el argumento reside en la necesidad de proteger a la mujer de realizarse abortos en clínicas clandestinas, sometiéndose a riesgos potenciales en su salud por la posible falta de idoneidad de los profesionales médicos o condiciones de salubridad del establecimiento que los realiza. Es un argumento más difícil de contrarrestar, pero la idea de debatir, incluso si tal debate se produce en el interior de mi mente, es buscar otras posiciones que atenúen lo que, en apariencia y sobre el velo de lo establecido, parece una verdad absoluta. En primer lugar, para contrarrestar el argumento del riesgo en la vida de la mujer diré que, como mencioné más arriba y sin que esto signifique legitimar el accionar de las clínicas clandestinas, se vislumbra un daño potencial frente a un daño certero. La necesidad de preservar la vida de la mujer es insoslayable, el daño es ni más ni menos que la muerte, pero ésta es potencial, una posibilidad más o menos aleatoria entre dos posibilidades, en cambio, para el ser en formación, el daño es irremediablemente su extinción biológica. Del mismo modo pero de seguro con un riesgo mucho menor, hay posibilidades concretas de causar un daño incluso en clínicas u hospitales públicos en caso de legalizarse el aborto. La aleatoriedad es menor, es cierto, pero el riesgo seguirá existiendo como en toda intervención quirúrgica. Aquí se trata de sopesar necesidades que deben ser satisfechas mediante derechos que eviten o disminuyan la distribución de daños a los sujetos a quienes se les otorga determinada prerrogativa y si se enfrenta la necesidad de preservar una vida ya formada que puede sufrir daños frente a otra que los sufrirá irremediablemente, el asunto se trata más de una cuestión ideológica que de argumentos realmente sólidos. El derecho de carácter general al que se pretende acceder mediante el restringido es, ni más ni menos, el derecho a la vida. Sucede que aquí hay dos vidas, una sujeta a un daño potencial y otra, a uno totalmente certero.

En conclusión, la interrupción voluntaria del embarazo ha de consagrarse legalmente para atender a una necesidad que, en caso de ser ignorada, puede causar daños potenciales a la vida de sus destinatarias. Tales daños potenciales no son suficientes, a mi humilde criterio, para ignorar la necesidad de evitar un daño certero, irremediable, que es la muerte de un ser en formación. Entiendo que detrás de las legítimas reivindicaciones de los pequeños grupos populares de poder hay, también, mucho de política y exigencias de auto superación. Como actúa un sindicato que se enorgullece de lograr mejores salarios para los trabajadores que aglutina puede que también estos grupos saquen pecho frente a la consagración de derechos. El riesgo de esto es que, tarde o temprano, se terminen cometiendo actos realmente injustos y el derecho pierda su razón de ser para transformarse en el instrumento de sosiego para quienes pretenden usarlo basados en banderas meramente ideológicas.

JUAN MANUEL RIVERO CLAUSO.